La Punteta · 29 de Setembre de 2022. 09:36h.

JORDI GARCIA-PETIT PÀMIES

Jordi Garcia-Petit Pàmies

Aragonès suspende en derecho internacional

Pere Aragonès es licenciado en derecho por la Universidad Abierta de Cataluña. En el programa del semestre 3 de la licenciatura figura la asignatura de derecho internacional público.

Aragonès, siendo vicepresidente y ahora como presidente de la Generalitat, ha situado la autodeterminación de Cataluña en el centro de sus propósitos de gobierno.

Los licenciandos en derecho aprenden que en democracia toda decisión política tiene que basarse en la legalidad, en el amparo de una norma. La autodeterminación de un territorio no está eximida de este requisito de legitimación democrática y jurídica.

Sin embargo, ninguna constitución estatal vigente de los dos centenares existentes incluye el derecho a la autodeterminación de una parte del territorio del estado, salvo las excepciones anecdóticas de Etiopia (y así le va) y la Federación de San Cristóbal y las Nieves (dos islas del Caribe que totalizan 179 km2 y 35.000 habitantes), luego el derecho interno descarta la autodeterminación.

Después de 1945, en el marco de las Naciones Unidas se erigió un sistema jurídico internacional, identificado como “derecho a la autodeterminación”, para amparar y legalizar la descolonización de territorios sometidos a las potencias coloniales históricas.

Actualmente solo quedan 17 territorios no autónomos censados por las Naciones Unidas pendientes de descolonización: Sáhara Occidental, Gibraltar, Islas Malvinas, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, etc.

La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU de 14.12.1960 y la Resolución 2625 (XXV) de 24.10.1970 constituyen las disposiciones fundamentales de la descolonización, a modo de “carta magna” de la autodeterminación. Ambas se estudian en los cursos de derecho internacional.

Ninguna es aplicable a Cataluña una de las regiones políticamente autónomas de Europa con más competencias (más que Escocia): un presupuesto de más de 46.000 millones, incluido  el sector público de la Generalitat; más de 200.000 funcionarios propios; una policía integral de hasta 22.000 agentes; competencias exclusivas en 34 materias, entre las que figuran  educación, cultura, lengua, industria, sanidad, función pública, organización de la administración, comunicación audiovisual, ordenación del territorio, etc., más 7 competencias compartidas y 10 de ejecución de la legislación del Estado.

Hay estados que no disponen de tantos recursos ni de tantos medios como Cataluña.

Desde 1977 Cataluña ha participado en 12 elecciones generales, 5 referendos, 5 elecciones europeas y 11 locales. Envía al Congreso de los Diputados 48 representantes de un total de 350, al Senado 24 miembros de 264 y al Parlamento Europeo 9 eurodiputados.

 En las instituciones y organismos del Estado central hay una presencia destacada de catalanes.  Cataluña interviene con fluidez en la gobernación del Estado, sin discriminación, ni marginación alguna, descontando la que se (auto)inflige el Govern, ausentándose de distintos foros con incumplimiento de sus obligaciones estatutarias.

La Cataluña de la autonomía política avanzada, dotada de autogobierno, capacidad legislativa, amplias competencias, recursos y medios propios, que participa en las instituciones del Estado, que tiene su legado histórico, cultural y lingüístico protegido, que podría aspirar a una “confederación de hecho” con el Estado, no es un territorio sometido a la “subyugación, dominación y explotación” que justificaría la invocación del derecho de autodeterminación.

Tampoco se justificaría invocarlo como remedo por marginación política, discriminación cultural o negación de la singularidad de Cataluña, que no se dan en absoluto.

Ninguna entidad internacional, sea organización, organismo, comité o tribunal, reconoce tal derecho a Cataluña. Tampoco lo ha hecho ningún estado.

El “derecho a decidir”, que ha seducido a tantos catalanes, es una referencia genérica indirecta a la libertad. No es una categoría jurídica objetivable en un derecho material.

El meandro de un “acuerdo de claridad” con el Estado, que desembocaría o no en la autodeterminación, propuesto por el presidente Aragonès en el reciente debate de política general, es un constructo de otro tiempo, otro país, otras circunstancias, otro contexto internacional. España no es Canadá ni Cataluña Quebec.

Ni el derecho interno ni el derecho internacional respaldan una autodeterminación de Cataluña.

Convendría que el licenciado Aragonès, presidente de la Generalitat con importantes responsabilidades jurídicas, revalidara sus conocimientos de derecho y del derecho internacional en particular.  Me permito recomendarle los manuales “Instituciones de Derecho Internacional Público” y “Las Organizaciones Internacionales” del que fuera catedrático y juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Don Manuel Diez de Velasco, a mi juicio los mejores en la materia.

Incluso para repasar los fundamentos del derecho de autodeterminación me atrevo a ofrecerle mi asistencia como discípulo que fui de Don Manuel y antiguo profesor de derecho internacional público. El gabinete del presidente puede pedir mi teléfono a la administración de e-noticies.

Publicitat
Publicitat

4 Comentaris

Publicitat
#4 Jordi Garcia-Petit, BARCELONA, 02/10/2022 - 22:59

Amigo lector, recuerde la caída de los muros de Jericó.

#3 No soy nadie, Esplugues de llobregat, 01/10/2022 - 10:48

Predica usted para las paredes, una lastima

#2 Andrea, Barcelona, 30/09/2022 - 20:14

Un artículo muy clarificador, como siempres. Lástima que no lo haya escrito en catalán como en otras ocasiones, para que lo puedan entender mejor...

#1 pepe, Andorra, 29/09/2022 - 15:01

la politica internacional....Lo mas anarquista q hay......Una misma entidad q ve de forma distinta las cosas si son en el Sahara, en los altos del golan, en yemen....Y en Rusia con su guerra civil. Por no hablar de q la ONU es una entidad muy corrupta como demostro aquello de petroleo por alimentos, donde unos cuantos se forraron.Ni caso a Aragones