El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado tras la imputación del vicepresidente Pere Aragonès que “no aceptaremos ninguna sentencia en esta causa general”. Ha subido un pelín el nivel de indignación desde el domingo.
Ese día dijo que no aceptarían “sentencias de escarmiento”. Primero en una benévola entrevista en La Vanguardia y luego en unas declaraciones desde la Josa de Cadí donde había ido a expresar su apoyo al exconseller Turull, que veraneaba en esta localidad. Las afirmaciones fueron convenientemente amplificadas por TV3.
De hecho quería decir lisa y llanamente que aceptarían las sentencias pero que esperaba que no fuesen muy duras. Para mí que quería enviar un mensaje a la fiscalía general del Estado. El criterio de los fiscales no ha cambiado desde el cambio de gobierno.
En Palau no han entendido todavía que la política va por un lado y la justicia por otra. Los que tanto se quejaban de que el PP politizaba la justicia piden ahora a Pedro Sánchez que les eche una mano.
Pero no se preocupen. Pase lo que pase acatarán las sentencias. Como no puede ser de otra manera. ¿Qué pueden hacer si no? ¿Echarse a la calle? Van de boquilla.
Cuando se aplicó el 155 ya no pasó nada. Absolutamente nada. Recuerdo que, en las fechas previas, el colega de El País Rubén Amón publicó un artículo en el que se preguntaba: “¿Y si no pudiera ejecutarse el 155?”.
Hasta cierto punto era lógico el temor que se respiraba en Madrid: nunca antes se había aplicado -con Canarias no llegó a tanto- y menos con un ambiente tan caldedado.
El periodista citaba -como factores de riesgo- la posibilidad de que hubiera “resistencia pasiva”, “resistencia activa” e incluso la “precariedad del Estado”, entre otros.
Al final quedó en nada. Los altos cargos cesados se fueron tranquilamente a casa: Pere Soler, Amadeu Altafaj, Albert Royo. Ni siquiera se atrincheraron en el despacho. Algunos se despidieron por carta o por twitter.
El resto continuó cobrando sueldo público. No hubo ni una sola dimisión en solidaridad con los encarcelados o con los huidos. No era cuestión de perder la nómina poco antes de las compras navideñas. Cuando más se dispara el presupuesto familiar.
Fue muy comentado el caso de las futuras consejeras Elsa Artadi y Laura Borràs. También continuaron con nómina oficial. Y eso que se dedicaron más a la campaña electoral -eran candidatas de Junts per Catalunya-, que a su trabajo. No dejaron de cobrar hasta que salieron elegidas diputadas.
La cooperación de Artadi fue elogiada incluso por el gobierno del PP en una respuesta parlamentaria. Destacaron su “eficaz” labor en "apoyo" de la intervención de la Generalitat.
A mí me sorprendió el silencio de los miembros del Estado Mayor del proceso. En teoría era el think tank, el núcleo duro, el equipo compacto. Algunos -Oriol Soler, Xavier Vendrell, etc- desaparecieron sin dejar rastro tras la debacle. Deberían haberlos citado a declarar. Para darles al menos un susto tras el estropicio causado.
¿Y los alcaldes que exhibían las varas en el Parlament el día que se proclamó la República? ¿Qué se ha hecho de ellos?. Algunos han sido imputados por su presunta colaboración en el referéndum. Pero ahora ya no salen en TV3. Y probablemente se juegan penas de inhabilitación. Nadie se acordará de ellos dentro de un tiempo.
En general, la aplicación del 155 fue una balsa de aceite. El día de su aprobación por el Senado el TN mediofía fue de una suavidad extrema. Hablaban del proceso como Julio César hablaba de él en La Guerra de las Galias: en tercera persona. Como si no fuera con ellos.
La Generalitat no se cerro ni dejó de funcionar. Los funcionarios continuaron en sus puestos. Bueno, sí, pusieron algunos lazos amarillos aquí y allí. Pero nada más. A los farmacéuticos se les veía más contentos. Ahora cobraban puntualmente.
Felizmente apenas hubo episodios de violencia. No se rompió ni una farola. Como aquella escena de Javier Bardem en Los lunes al sol que, después del juicio por despido, se baja del coche para tirar una piedra para desespero de su abogado.
Ahora hemos llegado al punto en el que la Generalitat tiene en la cárcel a los propios consejeros de la Generalitat que proclamaron la República. Se de la cicunstancia que la titular de Justicia, Ester Capella, custodia al presidente de su propio partido, Oriol Junqueras. En cuanto salga le abre expediente disciplinario. Nadie se atreve a abrirles la celda y liberarlos, claro. Se le caería el pelo.
Un último detalle: al día siguiente de que Torra hablase de "sentencias de escarmiento" trascendía la noticia de que el Ministerio del Interior rechazaba que los Mossos enviaran escoltas a Puigdemont. Obvio desde el punto de vista del Estado porque está fugado de la justicia española.
Pero ello quiere decir dos cosas: la primera, que la Admnistración central controla a fondo los Mossos d'Esquadra. El principal quebradero de cabeza antes del 155. Al fin y al cabo son 17.000 hombres y mujeres armados. Y no se sabía a ciencia cierta cómo reaccionarían.
La segunda, que no se han atrevido a desobedecer porque Puigdemont sigue sin escoltas. Después filtraron a El Punt-Avui un informe según el cual, como no podía ser de otra manera, tiene derecho a escoltas.
Mientras que el asesor en redes sociales del expresidente ha publicado en twitter todas las amenazas recibidas. Pero ni aún así se ha atrevidon. Y eso que el consejero de Interior es Miquel Buch. Aquel que iba comparando España con Corea del Norte.
Venga valientes, a ver quién se atreve a desobedecer. No sé si se han dado cuenta de que las autoinculpaciones en comisaría o en el juzgado bajaron drásticamente en cuanto empezaron a caer autos de prisión provisional.
Y yo siempre pienso en Anna Gabriel o Marta Rovira. Es cierto que sus circunstancias personales no deben ser agradables. Ni siquiera en Suiza. Pero eran las que más insistían en llegar hasta el final y luego fueron las primeras en salir huyendo.
Según todas las versiones, la secretaria general de ERC era la que más presionó a Puigdemont aquella noche fatídica en Palau para no convocar elecciones anticipadas. Todavía lo estamos pagando. Empezando por Esquerra, que es el partido que ha salido más maltrecho.
