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La Punteta · 21 de Gener de 2021. 12:38h.

ELOY MENDAÑA

Advocat

Consecuencias jurídicas de la pandemia

Las consecuencias derivadas de la pandemia y especialmente de su gestión por los diferentes Gobiernos del país (Gobierno Central y Gobiernos Autonómicos) son múltiples y variadas porque afectan a todos los ámbitos, tanto a la vida personal y social de todos, a la sanidad, a la economía, etc Uno de los ámbitos afectados por la pandemia y, especialmente, por la gestión realizada por los distintos Gobiernos que tenemos en este país es el que incide sobre el ordenamiento jurídico, es decir, sobre el conjunto de las normas vigentes en la actualidad.

Para entender bien lo que se dirá a continuación es preciso partir de una previa explicación jurídica. La Constitución prevé la existencia básicamente de dos tipos de leyes: las leyes orgánicas y las leyes ordinarias.

La Leyes orgánicas que son aquellas que regulan los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución frente al Estado (derecho a la vida e integridad física, libertad ideológica, libertad deambulatoria, libertad de expresión etc …), y las instituciones básicas del Estado (sistema electoral general, Cortes -Congreso de los Diputados y Senado-, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Estatutos de Autonomía, etc …), que se caracterizan por tres elementos: uno, que forzosamente han de ser leyes orgánicas las que regulan esos derechos e instituciones; otro, que forzosamente han de ser aprobadas por las Cortes, sin que tengan competencia en esta materia los Parlamentos de las Comunidades Autónomas; y, finalmente, otro, que han de ser aprobadas con mayoría absoluta del Congreso, esto es, una mayoría reforzada consistente en la mitad más uno de todos los diputados que forman el Congreso, estén o no presentes.

Las Leyes ordinarias son aquellas que regulan aquellos aspectos no incluidos en la reserva de ley que suponen las Leyes orgánicas y se caracterizan por tres elementos: uno, negativo, cual es el que no pueden regular materias reservadas a Leyes orgánicas; otro, que pueden ser aprobadas por mayoría simple, esto es, por la mayoría de los diputados presentes en el momento de la votación; y, finalmente, pueden ser aprobadas tanto por las Cortes como por los Parlamentos Autonómicos, en este caso en el ámbito de su respectiva competencia.

Estos dos tipos de leyes no son las únicas disposiciones legales que existen, pues junto a ellas pueden existir otras disposiciones que emanan básicamente del Poder Ejecutivo, cuales son los Decretos y los Reglamentos (el llamado Decreto Ley es una disposición legal emanada del Poder Ejecutivo por razones de urgencia y que ha de ser convalidada o rechazada por el Poder Legislativa en el plazo de los treinta días posteriores).

Un Estado de Derecho, como se proclama en la Constitución vigente, requiere que todas estas disposiciones tengan una articulación precisa, que jurídicamente se denomina sistema de fuentes del Derecho. Así, ha de ser clara la distribución de materias entre leyes orgánicas y leyes ordinarias, de suerte que no estas no pueden invadir las materias de aquellas ni aquellas las materias de estas (ejemplo de ello fue el que hace años un Gobierno con mayoría absoluta en las Cortes tramito y aprobó como Ley orgánica una materia propia de las leyes ordinarias, con la finalidad de entorpecer la modificación de la materia regulada, ya que tendría que hacerse a través de otra Ley Orgánica; este consciente desaguisado jurídico fue resuelto por el Tribunal Constitucional declarando que esa ley aprobada como orgánica tenía la consideración de ley ordinaria). Asimismo, las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo -además de no poder regular materias reservadas a ley orgánica- tampoco han de contradecir las leyes ordinarias bajo sanción de nulidad declarada por los Tribunales ordinarios (esto sucedía en el régimen franquista, que en gran medida era una dictadura administrativa, y en el reinado de Alfonso XIII, así que se refería una anécdota del Conde de Romanones, que decía: “dejad que hagan las leyes, ya hare yo el reglamento”).

Yo creo que una de las graves consecuencias de la pandemia, una consecuencia directamente derivada de la pandemia y de la falta de coherencia y respeto al derecho de los Gobiernos, es el sistema de fuentes del Derecho. Y pondre dos ejemplos.

Uno afecta al Gobierno central. Al inicio de la pandemia el Gobierno central, basándose en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (es ley organica porque afecta a derechos fundamentales), logra la aprobación del estado de alarma por las Cortes, fijándose -de acuerdo con el sentido de la Ley- como autoridad responsable de la aplicación de este estado de alarma al Gobierno central, el cual en un primer momento comienza a dictar Decretos Leyes que afectan a derechos fundamentales (confinamientos y otras limitaciones a la libertad ambulatoria), cuando esta prohibido legalmente en la Constitucion el que se puedan dictar decretos leyes que regulen o limiten derechos fundamentales; y en un segundo momento, el Gobierno central traspasa sus propias competencias a las Comunidades Autonomas, traspaso que -en mi opinión- no es juridicamente posible aunque esto le sea rentable políticamente. Incluso antes de este traspaso las Comunidades Autonomas comenzaron a dictar disposiciones limitativas de derechos fundamentales (básicamente confinamientos totales o parciales), buscando en ese momento inicial el respaldo de los Tribunales que -siempre en mi opinión- no estaban facultados para pronunciarse sobre tales disposiciones pero que se pronunciaron arrastrados por una finalidad sanitaria, esto es, amparando el peligroso axioma -impropio de un Estado de Derecho- de que “el fin justifica los medios”. De esta forma se ha roto el sistema de fuentes del Derecho que establece la Constitucion y con ello el de la seguridad jurídica a la que todos los ciudadanos tenemos constitucionalmente derecho.

Otro ejemplo afecta a los Gobiernos de las Comunidades Autonomas. Asi, el Gobierno de Castilla y Leon ha adelantado el llamado toque de queda (confinamiento temporal) a las ocho de la tarde, decisión que ha impugnado el Gobierno central por entender que dicho Gobierno no tiene facultades para ello.

Quizás el ejemplo más grave de esta ruptura del sistema de fuentes del Derecho no solo por afectar al establecido en la Constitucion sino tambien al establecido en el vigente Estatuto de Autonomia de Cataluña, es el decreto que suspende las elecciones autonómicas y las traslada al próximo mes de mayo, justificando ello en razones sanitarias (estas mismas razones habían justificado una modificación de la Ley de Sanidad de Cataluña operada en plena pandemia). Las elecciones convocadas en Cataluña derivan de las previsiones contenidos en el propio Estatuto de Autonomia, Ley Organica, dado que se ha “constatado” que no existe una mayoria para el nombramiento de un presidente del Govern de la Generalitat; se trata, pues, de un mandato que deriva de una Ley Organica. Si es asi esta convocatoria, ¿se puede suspender y retrasar las elecciones convocadas mediante un simple decreto, aun cuando esto se justifique en razones epidemiologicas? Mi opinión, que no es la única expresada publicamente, es que no se puede y, en consecuencia, el decreto de suspension y retraso de las elecciones es nulo de pleno derecho.

¿Qué harán los jueces? Auguro que darán por válido el decreto se suspensión y retraso movidos por la presión de los politicos que denuncian la “injerencia de los jueces en la política catalana”, es decir, defienden de esta manera quedar al margen del control del Poder Judicial, pues se trata de personas humanas cuya única herramienta es el ordenamiento juridico y pensaran quizás que esta suspension y retraso en buen a para la salud de los ciudadanos y el control de la epidemia, sin pensar que continuara igual en el mes de mayo. Y si deciden como pienso abren la puerta de ulteriores suspensiones de las elecciones por razones epidemiologicas, con todo lo que ello supone para la democracia.

 

Ojalá me equivoque.

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