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La Punteta · 8 de Gener de 2018. 07:31h.

CELIA CÁNOVAS

Senadora per Tarragona per ECP

De la Gürtel a Junqueras de un mazazo

A raíz del Auto dictado el 5 de enero de 2018 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en el que se confirma la prisión provisional y sin fianza de Oriol Junqueras, como jurista quiero expresar algo que percibimos cada vez más a menudo: nuestro sistema judicial presenta graves deficiencias que es urgente reparar.

Hace pocos días que medios de comunicación están recordando que España está incumpliendo hace años todas las recomendaciones que efectuó el Consejo de Europa (en concreto el Grupo de Estados contra la Corrupción -GRECO-) sobre independencia judicial y prevención de la corrupción.

El funcionamiento de la Justicia ocupa buena parte del Informe del organismo europeo, destacando, en primer término, el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (órgano de Gobierno de los Jueces y Magistrados), que actualmente es nombrado por el Congreso y Senado, cuyos miembros se recomienda sean elegidos por los propios Jueces.

Pero hay otra crítica que se efectúa hacia nuestro sistema judicial, que es la forma tan arbitraria y oscura en la que se eligen los Presidentes de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Lo cual está teniendo importantes y negativos efectos, como más adelante expondré.

Añadir que, como no podía ser de otra manera, el Consejo de Europa también critica la forma de elección del Fiscal General del Estado (actualmente lo elige el gobierno) y la duración de su cargo, así como lo poco transparentes de las comunicaciones entre Gobierno y Fiscal General.

Es necesario que los españoles recuperen la confianza en la Justicia. Es evidente que no la tienen.

Muy a mi pesar, tengo que compartir lo que el Consejo de Europa dice en su Informe, y, sobre todo, criticar que, desde el Gobierno, lejos de querer recoger esas recomendaciones, se hace caso omiso a las mismas con el único fin de encubrir la corrupción de altos cargos y representantes públicos.

Como muestra de lo que exponemos, veamos los movimientos en los nombramientos de los Magistrados de la Audiencia Nacional.

En 2014 Doña Concepción Espejel pasó a presidir la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De esta forma se aseguraba la presidencia de la Sala que iba a Juzgar el caso Gürtel. Sin embargo, sus propios magistrados de Sala aceptaron su recusación, al haber sido votada en el Senado por el propio Bárcenas y por su evidente proximidad al PP.

El Tribunal del Caso Gürtel quedó formado por D. Angel Hurtado (Presidente) y dos Magistrados más (Julio de Diego y José Ricardo de Prada), y, en mayo de 2016 los mismos tres jueces fueron, asimismo, nombrados integrantes del Tribunal que juzgará el caso de los papeles de Bárcenas, sobre la supuesta caja B del PP.

Pero el actual CGPJ, de mayoría conservadora, en mayo de 2017 nombró a Dª Concepción Espejel Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y ella propuso unas nuevas normas de reparto que alteraron la composición del Tribunal que iba a juzgar el asunto de los papeles de Bárcenas y de la Gürtel.

En estas normas de reparto se dispuso que la nueva Presidenta de la Sección Segunda presida todos los juicios, esta manera se desplazaba a Angel Hurtado en las causas de la Gürtel, integrándose como ponente al Magistrado Juan de Pablo (conservador), sustituyendo a Julio de Diego (progresista), quien había sido nombrado en lugar de otro magistrado recusado (este Magistrado fue uno de los que decidió votar a favor de que Mariano Rajoy compareciese como testigo en el caso Gürtel).

Todas las acusaciones han interpuesto recursos de reforma o de súplica contra estas decisiones al entender que se vulnera el derecho a un juez predeterminado por la Ley, por haberse alterado las reglas de juego en mitad de un proceso.

Y aquí llegamos al CGPJ, quien, a través de su comisión permanente, presidida por Lesmes, ha aprobado en el mes de diciembre, por unanimidad y sin apenas publicidad, esta variación en las normas de reparto de la Audiencia Nacional, que empezarán a regir en 2018.

Es decir, la Sra. Espejel, recusada por su relación con el PP, altera las normas de reparto de la Audiencia Nacional, propiciando con ello la sustitución de jueces que habían quedado ya nombrados para estos procesos, por otros que pudieran hallarse incursos en causas de recusación, todo ello ratificado y bendecido por el CGPJ, cuya mayoría de miembros han sido nombrados por el PP.

Aquí es donde los Poderes, el Judicial y el Ejecutivo, independientes según nuestra Constitución, se confunden de una forma evidente y torpe con un claro fin.

Es público y notorio que el caso Gürtel es uno de los casos más graves en los que está implicado el PP, que viene a juzgarse en momento delicado, teniendo en cuenta que el 2019 es año de elecciones municipales, y que ha tenido muchas ramificaciones salpicando a altos cargos del partido del gobierno, por lo que es de presumir que su Resolución afectará a los resultados electorales.

No menos politizada se encuentra la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes (presidente del CGPJ), cuyas funciones más importantes son la de designar ponentes y repartir asuntos, y que ahora está instruyendo la Causa contra los dirigentes catalanes independentistas.

Dentro de este contexto, en el que difícilmente podemos separar Poder Ejecutivo del Judicial, hemos de situar la Resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que confirma la prisión a Oriol Junqueras.

Si bien es cierto que las actuaciones protagonizadas por Puigdemont, Junqueras, sus Consellers y demás personas, se colocan fuera de la Constitución, y desobedecen Resoluciones del Tribunal Constitucional y del Gobierno, no lo es menos que la Resolución del Tribunal Supremo a la que hago mención me choca como jurista, y me parece un severo castigo anticipado del Estado por unos presuntos delitos que se encuentran aún pendientes de dilucidar.

Destaco que básicamente el Auto del Tribunal Supremo repite varias veces que aún está por ver qué delito se imputará a Junqueras, pero existen indicios racionales de comisión de un delito de sedición y de rebelión, así como de malversación de caudales públicos.

La sedición se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”

Una versión más grave de la sedición es la rebelión, reservada a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Consciente el magistrado de que en ambos casos es preciso que el autor se alce tumultuariamente o violentamente, entiende que se dan estas circunstancias por el hecho de que Junqueras debiera haber supuesto que la incitación a la población a votar o a proteger los colegios y las urnas, conllevaría el uso de la fuerza por parte del Estado, y esa fuerza es la que entiende a la que se refieren los delitos mencionados.

Solo cabe adoptar la medida de prisión provisional cuando sea objetivamente necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que pueden justificarla. Ni tampoco cabe una interpretación extensiva de la Ley para aplicar tal medida restrictiva de derechos.

Se justifica la adopción de la medida de prisión provisional en los supuestos de:

– Riesgo de fuga.

– Peligro de colusión o entorpecimiento del proceso; y

– Riesgo de reiteración delictiva. En este supuesto se basa el Magistrado para apoyar su decisión. Es decir, Junqueras sigue en prisión porque -según el Auto- ha actuado de forma violenta y tumultuaria (requisitos precisos para la existencia de los delitos que le atribuyen) porque debió prever el uso de la fuerza por la Policía, y porque hay riesgo de que reitere los delitos, obviando que ERC, en su campaña ya ha manifestado que una Declaración Unilateral de Independencia no es lo más apropiado para conseguirla.

El Poder Ejecutivo, mediante la utilización del Poder Judicial, y de una interpretación de la Ley totalmente parcial y extensiva, ha conseguido de momento su propósito: intentar salir lo más indemne posible de los casos de corrupción y mantener en la cárcel a políticos que quedan aparcados de facto del tablero y apartar de un mazazo judicial a sus máximos rivales políticos en Cataluña.

Fdo: Celia Cánovas

Abogada y Senadora por ECP

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3 Comentaris

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#3 josep miquel, calella (Tabarnia), 10/01/2018 - 16:25

Fantàstic sra. Celia !. Mes que jurista sembla una embolicadora de temes. Per venir a dir que Junqueras no tindria que estar empresonat, dona tota la volta d´unes actuacions desconegudes per la gran majoria, i preten reflectir que s´estàn fent trampes a benefici de Bàrcenas i Cia.

#2 M. Pilar, Barcelona, 08/01/2018 - 18:35

Ha oído esta señora las últimas declaraciones del portavoz de ERC? Y leído el comunicado de Junqueras dirigido a los militantes y votantes de ERC, nada más conocer el Resolución del TS? Esta Senadora ha de repasar algunas de sus afirmaciones en el artículo que me parece que no se corresponden con la realidad

#1 Alfredo, Barcelona, 08/01/2018 - 10:04

Bien... Compa. Las argumentaciones técnicas son imprescindibles p. poder legitimar nuestro posicionamiento político. Gracias... Celia.