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La Punteta · 9 de Març de 2020. 10:14h.

BERNARDO FERNÁNDEZ

Bernardo Fernández

El endémico problema de la vivienda

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen las sociedades urbanas desde casi siempre. Afecta de manera especial a la gente joven. Sin un empleo digno, estable, razonablemente bien remunerado y un techo bajo el que vivir de forma decente, resulta muy complicado plantearse un proyecto de futuro.

La conflictividad viene de lejos. En abril de1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas de Barcelona como Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras el final de la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden en él mismo.

Veamos, por ejemplo, como está la situación en Barcelona. Aquí la oferta de vivienda es a todas luces insuficiente. Con este panorama, limitar el precio de los alquileres sin aumentar la demanda no hará que haya más oferta disponible. Al contrario, es muy posible que buena parte de los propietarios retiren activos del mercado, y eso agravaría las cosas.

Es verdad que resulta lento y costoso recuperar una vivienda cuando los arrendadores incumplen sus obligaciones. Lo mismo sucede cuando un domicilio es ocupado de forma ilegal. Eso hace que no sean pocos los propietarios que se resistan a poner más vivienda de alquiler en el mercado. Por lo tanto, sería bueno que se articularan medidas razonables que dieran seguridad jurídica -que no quiere decir abusiva­- a los arrendadores.

Por otra parte, los fondos de inversión están haciendo un flaco favor en el mercado de la vivienda de alquiler y hay que evitar los desmanes porque cuando clavan sus garras en un edificio los inquilinos pueden echarse a temblar. Pero, hasta el momento, poseen el 4% del total. Por consiguiente, su incidencia en el precio global es poco significativa. Eso no significa que no haya que tenerlos en cuenta y marcarlos muy de cerca porque ya sabemos que a sus gestores lo único que les interesa es la rentabilidad.

Con este paisaje de fondo, los poderes públicos no deberían retardar por más tiempo su entrada en escena de forma decidida para empezar a poner el problema en vías de solución. Para ello, es ineludible la participación leal y franca de todas las administraciones implicadas.

Se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Tan necesarias como las decisiones políticas son las decisiones técnicas, máxime cuando es una evidencia que el dinero público es más bien escaso.

El objetivo a medio plazo debería ser lograr un parque de vivienda de alquiler con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

La cuestión ha de plantarse no sólo a nivel de ciudad, que también, sino y, sobre todo, a nivel metropolitano; es decir, teniendo en cuenta la Barcelona real. Pero eso, significa, a su vez, repensar la red de transporte público, a todas luces insuficiente tal y como está hoy planificada. De igual manera, se deberían reforzar los centros de atención primaria (CAPs), así como ofertar una enseñanza pública de calidad y asequible.  En este contexto, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades policéntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

No es mi intención señalar a nadie porque no es ese el objetivo de este escrito. Sin embargo, la cuestión de la vivienda es de tal envergadura que los egos personales y la lucha partidista deberían quedar al margen para poder remar todos en la misma dirección

Estamos ante un asunto que no tiene una solución ni sencilla ni rápida. No obstante, los políticos que nos gobiernan tienen la obligación de encarar el asunto con inteligencia y determinación. Al fin y al cabo, para eso los escogimos: para que resuelvan problemas, no para que eternicen los que ya tenemos ni para que nos creen otros nuevos.

 

Bernardo Fernández

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1 Comentaris

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#1 pepe, andorra, 10/03/2020 - 13:47

el problema no s ni mas ni menos q la codicia, lo demás son adornos. La vivienda no deberia ser un negocio como esta ahora, por ejemplo, hace 60 años se podia comprar un piso a letras, pero claro, los bancos no chupaban del bote, eso por no hablar de los chanchullos q se monto la izquierda para mangonear en las recalificaciones y llevarse una pasta