Estamos de suerte: hemos empezado a construir el nou país sin necesidad de esperar a la República. En efecto, la Generalitat ha rechazado indemnizar a la familia del profesor leridano Abel Martínez, asesinado en el 2015 en un instituto de Barcelona.
El Departamento de Educación niega en su recurso ante el TSJC que tenga responsabilidad alguna en la muerte porque, a su juicio, "la actuación del menor fue absolutamente imprevisible”, según avanzaba el partes pasado el diario Segre.
La familia pide en cambio un millón de euros al Consorcio de Educación de Barcelona -formado por el Ayuntamiento y la Generalitat- al considerar que el instituto era el responsable del alumno y que fallaron todas las medidas de control.
Los padres reclaman en concreto 900.000 euros porque, alegan, dependían económicamente de su hijo y un hermano 100.000 por daños morales. Quizá pueda parecer una suma elevada, pero nada les resarcirá de la muerte absurda de su hijo.
Quizá recordar que los hechos se produjeron el 20 de abril del 2015 cuando un alumno armado con una ballesta disparó a un profesor de ciencias sociales en el Instituto de Enseñanza Secundaria Joan Fuster del barrio de La Sagrera. Hubo cuatro heridos más, de carácter leve: dos profesores y dos alumnos.
El día de los hechos otro estudiante explicó a los medios de comunicación que el agresor “tenía armas en casa” y una “lista negra de la gente que le caía mal”. También “un padre skin”. “Se le iría la pinza y ha pasado ésto”, añadió. El joven, al parecer, se enfadó porque llegó tarde y no le dejaron entrar. Regresó entonces a su casa a por el arma homicida.
Como tenía trece años el caso fue archivado apenas unos días después: el 5 de mayo. Sorprende, en todo caso, que no se exija ninguna responsabilidad a alguien capaz de matar a una persona. Simplemente se le cambió de instituto. Espero que no vuelva a las andadas.
El caso provocó estupefacción. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, decretó un día de duelo oficial y al día siguiente guardaron un minuto de silencio en la Plaza Sant Jaume. Lo mismo hicieron en el Parlament.
La entonces consejera de Educación, Irene Rigau, se cubrió de gloria cuando puso en el mismo saco al agresor y a la víctima. “Ha muerto un profesor pero hay una gran víctima que es el niño" afirmó en declaraciones a Catalunya Radio. Rigau atribuyó el ataque a “posiblemente un brote psicótico”.
Personalmene siempre tuvo la sensación que la Generalitat se apresuró a enterrar el caso. Como otros sucesos -retratados por el periodista Víctor Saura en su libro La Catalunya més fosca- rompe la imagen idílica que algunos quieren transmitir de Catalunya.
En efecto, nunca se aclaró si el agresor había tenido un “brote psicótico” como aventuró la consejera o era un asesino en potencia y nos va a dar otro disgusto un día de éstos. Yo se lo pregunté en rueda de prensa al entonces portavoz del Govern, Francesc Homs -en mi papel de mosca cojonera- y se escudó en el secreto de los datos médicos.
En fin, en noviembre de ese año, Rigau creaba la cátedra Abel Martínez en la Universidad de Lleida para honrar al profesor asesinado. La consejera justificó entonces la iniciativa porque “queremos que su nombre se mangenga vivo y sea un faro, un punto de referencia para los docenes”.
La Generalitat ha decidido ahora materializar este homenaje rechazando la indemnización a la familia. Quizá podríamos empezar a crear un nou país sin necesidad de esperar a la independencia porque, visto como está el patio, la cosa parece que va para largo.
