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La Punteta · 5 de Novembre de 2018. 07:25h.

BERNARDO FERNÁNDEZ

Bernardo Fernández

Primero justicia, después clemencia

Como era fácil de imaginar, la presentación de los escritos de acusación de la Fiscalía y Abogacía del Estado contra los líderes que participaron en la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña, ahora hace un año, ha generado un auténtico sunami político.

La partida no ha hecho más que empezar y, sin embargo, los partidos de la oposición han entendido que era una buena ocasión para erosionar al Gobierno. Quizás por eso, Pablo Casado considera “indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía, ha manifestado en su cuenta de Twitter.

Tampoco se han andado por las ramas la gente de Ciudadanos que se han expresado de manera similar a los del PP.

Por su parte, con la petición de condenas para sus dirigentes, los independentistas han visto la oportunidad de revitalizar el movimiento de Procés de nunca acabar que cada vez está más exhausto y agotado.

Según el vicepresident del Govern Pere Aragonés, “el Estado español es una vergüenza”. Y el president Quin Torra ha anunciado que “el pueblo de Cataluña retira su apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez”.

Es verdad que la Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha modificado su criterio respecto al mantenido cuando se presentó por un posible delito de malversación. No hay porque negar que es muy posible que ese cambio haya sido inducido por el Gobierno como un gesto hacia los partidos independentistas pensando en la tramitación de los presupuestos. De ahí las duras críticas del PP y ciudadanos y el desdén -según ellos por insuficiente- con que han recibido el guiño los secesionistas.

Sea como sea, el caso es que una vez más se ha hecho evidente la incapacidad manifiesta de oposición y secesionistas para moverse en situaciones complejas como la que nos ocupa.

Este proceso está siendo una larga partida de ajedrez. Ahora, con la presentación de los escritos de acusación se abre la vista oral. Sin entrar en vericuetos legalísticos, es importante remarcar que donde la Fiscalía ve rebelión, la Abogacía del Estado ve sedición, una diferencia no menor. En estas circunstancias, habrá que ver, en el juicio oral las pruebas que se aportan las declaraciones de los testigos (la fiscalía prevé llamar a unas 250 personas a declarar) etcétera, y, en consecuencia, como evoluciona la situación hasta llegar a las conclusiones finales.

Además, los tipos de defensa serán determinantes. No será lo mismo una defensa estrictamente jurídica que una con claro contenido político que intente justificar la convocatoria de un referéndum y la declaración de una DUI, intentando hacer valer el derecho de autodeterminación, lo que tiene un tirón mediático a nivel internacional incuestionable.

En cualquier caso, es un error y demuestra una inmadurez política enorme ligar el apoyo a los presupuestos generales del Estado (PGE) con las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los independentistas deberán explicar a la ciudadanía porque no votan a favor de que el salario mínimo interprofesional (SMI) se establezca en 900 euros. La mayor subida que se ha llevada a cabo nunca en España. Porque rechazan que las pensiones suban como el IPC y un 3% las mínimas y las no contributivas. O que se revitalice el sistema de dependencia, tanto en el pago a los cuidadores como en los pagos a las CCAA.

Y claro, tampoco votarán para recuperar la totalidad del sistema de becas. O sea, más 500 millones de euros para que los jóvenes puedan formarse sin discriminación por cuestiones de capacidad económica.

Y con el voto en contra de los independentistas el Gobierno no podrá introducir medidas para modular la subida de los precios del alquiler. Ni Cataluña recibirá unos 2.300 millones de euros más al aplicarse la resolución transitoria tercera del Estatut.

Si eso ocurre, es muy posible que tengamos que ir a elecciones generales y entonces, a lo mejor, PP y Ciudadanos logran una mayoría que les permite formar gobierno. Y si eso ocurre que nadie dude que se aplicará el 155 sin ningún pudor. Tal vez, eso es lo que en realidad anda buscando la gente del Procés, por aquello del cuando peor, mejor.

En los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña se produjeron unos hechos muy graves violentando la ley e intentando burlar el Estado de derecho. Es prematuro emitir juicios de valor y sería muy positivo que se dejará trabajar al Tribunal Supremo sin presión porque es quien al final ha de dictar la sentencia que determinará la culpabilidad o no de los hoy acusados. Después el Gobierno tiene la potestad de indultar si lo considera oportuno. Negar esa posibilidad, si sirve para normalizar la situación en Cataluña, es de una ceguera política alarmante. Ahora bien, cada cosa en su momento.

 

Bernardo Fernández

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1 Comentaris

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#1 botifler1914, Sinitaca, 12/11/2018 - 16:47

Aún me acuerdo de las etapas de la confesión.
Antes del perdón había muchas fases, confesión de la culpa, próposito de enmienda, no volver a pecar...