Francesc Homs ponía el lunes el grito en el cielo por la politización de la justicia. El exconsejero de Presidencia afirmó en declaraciones a 8TV a raíz de las afirmaciones de Ignacio Cosidó que “es la demostración empírica de lo que sabíamos todos, de que la cúpula judicial está politizada. Es escandaloso”.
Como se sabe, el portavoz del PP en el Senado presumió de que “controlaremos la Sala Penal del Tribunal Supremo desde detrás”. Además lo hizo un whatsap enviado a 147 personas. Sin duda debería dimitir. Sobre todo por bocazas.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, también aprovechó para afirmar -tras la reunión de la dirección de su partido- que el “mercadeo para formar parte del pleno del CGPJ supera el ímite del que es tolerable en un sistema con separación de poderes".
Mientras que el presidente del PDECAT, David Bonvehí, manifestó que “la justicia está totalmente politizada y no hay independencia judicial”. “Hay una evidente falta de garantías en el sistema judicial español”, añadió.
Tienen toda la razón pero sufren de un lapsus de memoria. Quizá recordar que CiU colocó en su día el exportavoz en el Parlament, Ramon Camp, como miembro de este órgano que ahora tanto critican por el mismo procedimiento.
Camp era licenciado en derecho pero dudo de que hubiera pisado un juzgado en su vida porque se dedicó toda su vida a la política. Y, créanme, le conozco desde hace años. Tuvo suerte de haberse colegiado en su día porque es un requisito imprescindible para acceder al cargo.
Llevaba casi la friolera de treinta años de diputado en la cámara catalana: entre 1980 y 2006. Homs se acordará seguro porque ambos fueron ponentes en la reforma del Estatut. Además fue diputado en el Congreso en 1993 y senador entre 1995 y 1996. Lo del Poder Judicial fue una jubilación dorada. Como aquellos que los envían al Senado o al Parlamento Europeo. Y me ahorraré, por razones personales, decir con quién está casado en la actualidad.
ERC por su parte colocó todo un exsecretario general en el Consell de Garanties Estatutàries. Joan Ridao perdió las elecciones contra Oriol Junqueras, que eligió a Marta Rovira de secretaria general. Quizá no estaríamos donde estamos si Ridao -Maragall quiso hacerlo consejero de Governació por su solvencia- hubiera vencido en aquellas elecciones.
Es cierto que el Consell no es un órgano judicial sino consultivo. Su anterior nombre era precisamente Consell Consultiu. Pero ello tampoco evita la politización. Ridao, en efecto, no el único ejemplo. CDC designó en su día a Alex Bas, que había sido asesor parlamentario y el PP a Carles Jaume Fernández, otro exasesor parlamentario. En este caso, lógicamente, del propio PP.
De hecho, otro de los miembros es Margarida Gil, esposa del exconsejero de Interior Jordi Jané. Gil había sido antes jefa del Gabinete Jurídico de la Generalitat y fue la que descartó que el Govern se personara, como acusación particular, contra CDC por el caso Palau. Como iban a tirarse piedras contra su propio tejado.
Por eso cuando dicen que la justicia está politizada tienen razón, pero el resto de órganos de la Generalitat elegidos por el Parlament también: sus miembros se escogen por estrictas cuotas de partido según la representación parlamentaria.
En Catalunya, el CAC o el consejo de gobierno de la CCMA -ambos pendientes de renovar pero no es cuestión de perder el control de TV3- están igualmente politizados.
Aquí hemos llegado a poner a un exlíder de Iniciativa, Rafael Ribó, de Síndic de Greuges. El tripartito se atrevió a hacer una cosa que no había hecho ni Pujol: poner uno de los suyos al frente de la institución. ¡E incluso le alargaron el mandato! Ribó fue diputado entre el 1980 y el 2003 -otro récord- y diputado en Madrid entre 1993-1995. Como no quieren que vaya a favor del proceso.
En fin, la politización de la justicia es un tema recurrente y ha sido también uno de los mantras del proceso. Yo creo que la cosa empezó a bajar cuando la justicia condenó al PP por el caso Gürtel -a Rajoy le costó una moción de censura- o metieron al cuñado del Rey entre rejas.
De hecho, a Jordi Turull lo acaban de exculpar del delito de alzamiento de bienes. Otra muestra, sin duda, de lo politización de la pérfida justicia española. A veces parece que sólo los catalanes seamos los puros. Como dice la cita bíblica, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
